PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DESTRUIRÍA SIERRA DE ZONGOLICA

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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

 DESTRUIRÍA SIERRA DE ZONGOLICA

Laura Fernández-Montesinos Salamanca

      Al igual que está sucediendo a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, La Sierra de Zongolica está siendo objeto del saqueo y la destrucción por parte de empresas privadas que disfrazando su actividad de progreso y desarrollo, están desgajando montes, contaminando agua, robando recursos y afectando al medio ambiente y la forma de vida de sus habitantes.

     Existen en Veracruz 106 proyectos de construcción de hidroeléctricas, todas ellas con un objetivo común: excusar en el abastecimiento de energía a las comunidades, la destrucción del medio ambiente y el dominio de los recursos que pertenecen a la nación, bajo la falsa bandera de “progreso y desarrollo”.

      La instalación de estas hidroeléctricas provocan un profundo deterioro ambiental, privatizan completamente el agua de ríos y acuíferos, la contaminan y la entuban. Los habitantes de las comunidades que rodean la presa se sumen aún más en la miseria, ven destruida su forma de vida, el medio ambiente, encarecida la energía, afectadas sus viviendas por las explosiones que realizan sin responsabilidad, y por la falta del agua, que hasta el inicio de la construcción de la presa abundaba, vida de sus cosechas y los bosques de los que se nutren. La empresa, sin embargo, y casi por inercia los gobiernos estatales y federal, se benefician de estas actividades ilícitas de varias formas:

- Venta de la energía

- Usufructo en la posesión de los recursos

- Bonos verdes

- Obtención de las tierras prácticamente por asalto

- Contratos millonarios para la construcción de presas innecesarias, obsoletas y destructivas, en las que no se han considerado la tecnología, como recurso para la instalación de escaso impacto.

     Estas empresas, concretamente Comexhidro, obligan a los propietarios ejidales, mediante engaños, con contratos fraudulentos plagados de irregularidades, a vender sus terrenos a precios ínfimos (en el caso concreto que la presa del río Apatlahuaya, en Macuilca, Chicomapa y Coxole, a 7 pesos el metro cuadrado) habiendo evitado la consulta a la población, obligación legal, por lo que están incurriendo, entre otros muchos, en un delito de omisión y fraude.

 “Corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”. Artículo 27 Constitucional, párrafo sexto.

      La empresa en cuestión, Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V., vinculada con Comexhidro, no sólo viola la ley produciendo cuarenta mega wats, los cuales superan la cantidad permitida constitucionalmente para autoabastecimiento, sino que además usa en su propio beneficio las condiciones impuestas por Naciones Unidas para el desarrollo y la conservación de los espacios naturales y la forma de vida de los indígenas, los denominados “bonos verdes”.

      Los bonos verdes, a iniciativa de la ONU, se constituyeron para animar a las empresas a reducir la contaminación, al mismo tiempo que a regenerar parte de lo que se destruye, con subsidios si toman bajo su protección y obligando a tomar bajo su responsabilidad y cuidado alguna zona natural. Esta empresa, sin embargo, insta a los habitantes perjudicados a tomar bajo su cargo esta labor para cobrar el bono, alegando que protegen al medio ambiente. Sin embargo, en el momento en que alguno de los expropiados, use los recursos de manera ineficiente ambientalmente –tala y roza para cosechar, para madera, etc.- la empresa cuenta con la facultad para retirar de su custodia, sin escrúpulo alguno, la parcela que se le había entregado.

      No existe, además, ningún motivo por el que sea necesaria la construcción de dichas presas, pues México produce –según Comisión Federal de Electricidad- más de la energía de la que precisa, el resto se vende al extranjero. Y por otro lado, existen formas de producción mucho menos impactantes y en las que no sería necesaria la “expropiación” del agua, sino la instalación de turbinas prescindiendo de diques, de reventar cerros o tirar cientos de árboles. Ni siquiera serían necesarios los bonos verdes de la ONU, porque los mismos pobladores serían los encargados de cuidar y conservar sus terrenos y sus bosques. 

     No obstante los perjuicios, y a pesar de la ilegalidad en que están incurriendo, los trabajos continúan. Las explosiones con dinamita, que se están efectuando sin los controles básicos, han provocado la cuarteadura de muchas de las viviendas, el ruido de la maquinaria, el polvo y los residuos que quedan en el ambiente y producto del desgajamiento de los cerros, han contaminado el agua, otrora limpia, están provocando daños en las vías respiratorias, especialmente en personas vulnerables, niños y ancianos, afectan al sueño, alteran la rutina comunitaria, sus vías de comunicación, pues han destruido puentes y caminos, o los bloquean con camionetas y material, degradan la convivencia, y en general la vida diaria.

      No es una opción la protección al medio y a las culturas autóctonas, es una obligación a exigir de autoridades e interesados, en mayor grado puesto que existen mecanismos para lograr un verdadero progreso y desarrollo aplicando tecnología limpia, más barata y de muy bajo impacto, sólo es necesaria la voluntad y la solidaridad. Los intereses económicos no son más que una barrera para el mencionado y reiterado “progreso y desarrollo”, como parte de la protección al medio ambiente.