Edmundo López Bonilla: LAS VERDADES DE PEROGRULLO

LAS VERDADES DE PEROGRULLO

Edmundo López Bonilla

El discurso sobre el presidencialismo mexicano, sus excesos y los costos para el país, fueron material fértil a los argumentos de la oposición hablando de la izquierda y de la derecha, sin embargo, como los desacuerdos y protagonismos copulares del partido que por algún tiempo aglutinó a los izquierdistas, la guerra abierta de la alianza PRI-PAN en su contra, lo ha llevado a su virtual dispersión, y por ende, a no pasar de aspirante a la ansiada silla presidencial. Por su parte el PAN, desde su creación en 1939, hasta el sexenio 1988-1994 fue congruente con su postura y denunció airadamente los vicios del presidencialismo, pero el neoliberalista —que más tarde se revelaría en su fase salvaje y depredadora— proyecto de Carlos Salinas de Gortari, le quitó muchos de los argumentos que le da sustento y en la práctica los miembros del partido azul se tornaron en cómplices vergonzantes del sistema, aunque no dejaron de despotricar contra el presidencialismo.

Recién electo gobernado de Guanajuato y ya aspirante a la postulación como candidato a la presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, afirmaba a pregunta expresa de cuál sería “su actitud frente al presidente Zedillo”: “—Muy clara, sustentada en la Constitución, en el pacto federal; una ofensiva (sic) de la razón, de planes, de programas, de capacidad para convencer, porque es mucho mejor para la Federación, para el estado y para los municipios que nos pongamos de acuerdo. Pero de acuerdo no con el marco presidencialista, sino con el federalismo”. (Revista Proceso No. 970/ 5 de junio de 1995, nota de Francisco Ortiz Pinchetti). En otras palabras, anticipación del lema que usaría: “El Cambio”. No he de analizar en cuántas de las promesas falló; sino en una que no hizo explícitamente, la abolición los privilegios del presidencialismo.

Asunto que tomó actualidad, porque los diputados por el PRI Jaime Sánchez Vélez y Jorge Arana presentaron la iniciativa de ley que corregiría una de las muchas anormalidades de nuestro sistema político y Carlos Fernández-Vega, en su columna México S.A. del día 30 mayo de 2011, nos informa : “No obstante que las órdenes originales (una de 1976; otra de 1987) fueron firmadas por, en su momento, dos presidentes de la República de origen tricolor, la bancada de ese partido en San Lázaro se animó a dar cierto aire normativo” al a todas luces ilegal e injustificado uso de recursos públicos en beneficio de los ex mandatarios, aunque el impulso nada más le alcanzó para intentar reducir el abuso a la mitad, y no para terminar de una buena vez con uno de los innumerables desfalcos que se cometen con dineros de la nación. (…) El asunto es el siguiente: “la Cámara de Diputados pretende reducir hasta 50 por ciento la pensión vitalicia de los ex presidentes de la República; disminuir a 50 el número de personal de seguridad que les prestan Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México; evitar que se contraten con empresas nacionales o extranjeras para proveerlas de información privilegiada, y obligarlos a ‘cumplir su agradecimiento al pueblo de México’ participando en actividades académicas o de investigación en instituciones de educación superior”. (…) “A la fecha, las pensiones que perciben los ex presidentes no tienen sustento jurídico ni se encuentran desglosadas en ningún marco legal, sólo son consideradas acuerdos de carácter administrativo”. (La Jornada, Roberto Garduño). (…)De los cinco ex presidentes vivos (en términos biológicos, porque son muy vivos en eso de utilizar recursos de la nación) cuatro son priístas y uno panista (a punto de ser dos). Desde que en 1976 Luis Echeverría se autorizó a sí mismo una pensión vitalicia y el pago de la nómina de cientos de burócratas a su servicio (militares y civiles), y en 1987 Miguel de la Madrid amplió generosamente la cobertura (comenzando por la que a él le tocaba como ex inquilino de Los Pinos), miles de millones de pesos del erario se han destinado a cubrir las “necesidades” (como les llaman) de los ex titulares del Poder Ejecutivo, no obstante que sus arcas salieron sobradamente llenas al término de sus respectivos mandatos. Sólo Ernesto Zedillo rechazó la pensión, pero no el ejército de “servidores públicos” que, a costillas de la nación, lo atiende. (…) Se estima que en 2011 de los impuestos de los mexicanos saldrán no menos de 320 millones para cubrir los gastos de los ex presidentes, aunque la erogación fácilmente puede ser mucho mayor, al incluirse bonos, peticiones “especiales”, atención médica de primer nivel (aquí o en el extranjero), viajes, guaruras, transportación, asesores, secretarias y otras menudencias, que no estipula ni regula ley alguna. Es (sic) a capricho del inquilino de Los Pinos las “prerrogativas” de las que gozan sus antecesores. Es un saqueo descarado, pero ninguno de los mandatarios en funciones se anima a darlo por terminado, pues tarde que temprano será en su propio beneficio. La iniciativa pretende que: “En todo caso que los ex mandatarios que reúnan los requisitos de ley cobren la pensión que les corresponde, la cual, desde luego, no pasaría de 25 salarios mínimos. La que ahora obtienen se aproxima a los 3 mil 400 salarios mínimos, sin considerar al personal de nómina a su servicio. Y el columnista se hace las siguientes preguntas: Entonces, si el caso es tan claro, si el atraco es de tal magnitud, ¿por qué el PRI se limita a recortarlo 50 por ciento? ¿Por qué no al cien por ciento? ¿Por qué no arrancar de tajo es mala hierba? Eso sí, lo que resulta imperdonable es que el tricolor pretenda atentar contra la comunidad universitaria del país, al “obligar” a los ex mandatarios a “colaborar” con las instituciones de educación pública.

A los ex presidentes que aún conservan la vida, el país y cada uno de los mexicanos “les debemos”: A Luis Echeverría Álvarez: aun sin ser todavía presidente, el infausto recuerdo y el luto por los muertos, desaparecidos y encarcelados como presos políticos de La Matanza de Tlatelolco y los hechos del 10 de junio de1971 y como consecuencia, el desplome del proyecto educativo que no ha terminado de tocar fondo; el recrudecimiento de “la guerra sucia” que diseminó por el territorio de la Patria incontables tumbas ignoradas que guardan los restos de luchadores por el bien común y la estela de dolor y reconcomio que todavía no es posible olvidar; la devaluación del peso al final de su mandato que redujo el poder adquisitivo en 100% y su reciente e inicua exculpación de los hechos delictivos en sus encargos constitucionales. A Miguel de la Madrid Hurtado, la adopción de las primeras medidas impositivas extranjeras, como condición para  el cese de presiones financieras, que prácticamente abrió las puertas al Neoliberalismo; un gobierno mediocre que casi se le desmoronaba en las manos, de no haberse suscitado el terremoto de 1985 —suceso que lo exhibió, quizá por abulia o falta de visión y mando—  donde el gobierno, sus instituciones y su respuesta tímida fueron rebasados por el actuar civil. A Carlos Salinas de Gortari, la entrada sin estorbos y con todos sus males del Neoliberalismo desbocado, propiciado por el Tratado de Libre Comercio que devastó el campo; arruinó  la industria pequeña; fortaleció a los grandes industriales alentándolos a producir para la exportación y por lo mismo permitió la lenidad patronal en perjuicio de los trabajadores; facilitó todavía más las operaciones de las empresas trasnacionales; desmanteló el patrimonio nacional por medio de las privatizaciones de las empresas de participación estatal —la experiencia confirmó que muchos favorecidos por estas acciones contaban con su simpatía— y como consecuencia de la desaparición de fábricas y negociaciones el desempleo se hizo galopante y el enriquecimiento inexplicable que se tornó escandaloso y como corolario los excesos del ejército en los sucesos de Chiapas en 1994. A Ernesto Zedillo Ponce de León, el endurecimiento de las condiciones de deterioro económico del pueblo, las reformas a los regímenes de seguridad social, la terminación del proceso privatizador —su timbre de honor, es la venta de los Ferrocarriles Nacionales y la supeditación de la economía a la  exportación de materias primas, petróleo incluido, aunque esta riqueza fue hipotecada por José López Portillo—; la desvergüenza de aparecer cotidianamente en televisión para afirmar “lo atinado de su gobierno”. A Vicente Fox Quesada el desencanto de los que, como si de una Coca Cola se tratara, compraron su imagen; un gobierno frívolo, manirroto, que hizo norma común del nepotismo disfrazado de otros regímenes, y permitió el enriquecimiento descarado, los fraudes y el influyentismo; que “gobernó” como si estuviera permanentemente en campaña electoral y fue tan insensible al costo social y político, como lo fue Carlos Salinas de Gortari con su: “ni los veo ni los oigo”; hombre de ambiciones y de herencias partidistas, dejó que el dedo índice de la mano derecha le creciera desmesuradamente y maniobró sin tapujos para torcer leyes y comprar conciencias en afán de la permanencia del Partido Acción Nacional en el poder, aunque para lograrlo se haya corrompido y hecho corromper a los otros dos órganos de gobierno. Del que, por sus servicios a la Patria, pasará a cobrar la pensión, ya habrá oportunidad de hacer recuento.

Bien… estos personajes disfrutan de los privilegios monetarios, y más, que Carlos Fernández-Vega, nos pone ante la vista y que son solventados con dinero del erario público, que es un patrimonio formado por los ciudadanos que pagan impuestos a la Secretaría de Hacienda. Quizá, restaría elucubrar el porqué de la iniciativa a “medias” en tiempos electorales. ¿De qué se trata? Los altos designios partidarios son el gran enigma para quienes no habitan esas cimas. Pero… ¿Los promotores piensan acaso que con eso su partido ganará simpatías y votos para la contienda electoral del año 2012? Si de ese modo piensan, están jugando con un tigre rasurado que dormía plácidamente. Pero lo despertaron y con su acción hicieron que mucha gente recuerde lo que había olvidado y que mucha más sepa lo que ignoraba.  

Pero si de ganar votos se trata, ¿por qué como pregunta el columnista?, no se van a fondo, hacen un campaña mediática informando ampliamente al pueblo de la injusticia, del abuso, de la desfachatez de los ex presidentes, y proponen… ¡Pero ya!... ¡Caiga quien caiga!, la abolición de esos privilegios y si acaso, porque no debemos ser crueles, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el ISSTE cubra su pensión, monda y lironda como la paga a los beneficiarios, si enferman, que se levanten en la madrugada —esto sin la compañía, el auxilio ni ayuda de miembros del Estado Mayor Presidencial y a pie o en camión vayan, aunque esté lloviendo a mares y los hagan formar fuera de las instalaciones— a apartar ficha para recibir atención médica. Si tienen suerte, después de dos o tres desmañadas, les aseguro, lograrán su intento; ahora, si el médico lo atendió, pero en la farmacia del “Instituto” no tienen la medicina que necesita, hagan caso a los directores de clínica que aconsejan: “compre usted la medicina y nos pasa el recibo”, aunque para eso tenga, como pobre pensionado, que pedir el auxilio de familiares y amigos. Ah… y de paso piden “castigar con todo el peso de la ley”  por “lo que resulte”, a esos personajes. Esa propuesta, se lo aseguro, lector, arrancaría la exclamación unánime desde el río Bravo hasta el Suchiate, desde las costas del Golfo de México hasta las del Océano Pacífico. ¡Vaya!, también de millones de paisanos expulsados del país por “las medidas dolorosas, pero necesarias”.  Y quizá la cosecha de votos sea copiosa.

1-2 de junio de 2010